Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que desestimó la aprobación de la modificación del convenio. Recuerda que la finalidad de la modificación del convenio concursal o "reconvenio" es evitar la liquidación concursal de deudores que estaban en situación de convenio ante la imposibilidad de continuar haciendo frente a los mismos por la crisis derivada del COVID-19. Desde un punto de vista formal, la solicitud de modificación se acompañará de una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio no hubieran sido satisfechos, y entre ellos, los créditos contra la masa, tramitándose con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita, cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías exigibles para la aceptación de la modificación propuesta serán las mismas que las exigidas para la aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación, en este caso una mayoría del 65%, porcentaje debe calcularse tomando en consideración los acreedores concursales incluidos en la lista de acreedores definitiva y con arreglo al importe de sus créditos que constara en dicha lista, con deducción de lo cobrado y sin tener en cuenta las quitas acordadas, no pudiendo aceptarse la modificación dado que no se alcanza la mayoría ni las adhesiones se ajustaron a la ley.
Resumen: La trabajadora demandante se vio afectada por un despido colectivo acordado en el marco de un expediente de regulación de empleo terminado sin acuerdo en el período de consultas. En la demanda impugna ese despido acumulando la acción de resolución contractual. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la acción de resolución contractual y estima la demanda de despido declarando su improcedencia. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la empresa demandante, concluye que no ha quedado probada la situación de iliquidez de la empresa y, en consecuencia, confirma la sentencia.
Resumen: Se confirma pronunciamiento de instancia que califica de ajustado a derecho el despido colectivo, porque el recurso se limita a reproducir literalmente lo que ya se decía en la demanda, sin combatir los razonamientos y la conclusión del órgano judicial. La sentencia recurrida desestima que se haya vulnerado el deber de negociar realmente de buena fe, pues la situación económica progresivamente negativa y con decreciente facturación, así como la declaración de concurso son factores que justifican la parquedad de propuestas concretas, así como la brevedad de la negociación. Rechaza también la sentencia de instancia que las codemandadas constituyan un grupo de empresas a efectos laborales, excluyendo que existiera confusión patrimonial, unidad de caja o utilización fraudulenta de la dirección unitaria, y por ello rechaza que se infringiera el deber de aportar la documentación preceptiva del grupo. Y afirma que concurre la causa económica dado el resultado negativo del ejercicio 2019 reiterado e incrementado en 2020; añadiendo respecto del control de proporcionalidad y de razonabilidad que no cabe censurar el cierre de una empresa con tal deficiente trayectoria económica y cuya futura viabilidad se intentó a través de la refinanciación, pues ello supondría un indebido juicio de oportunidad.
